La respuesta fallida de la administración Trump ante el COVID-19, incluida una distribución inepta de la vacuna, reforzó la percepción de descalabro nacional.
NUEVA DELHI – El 6 de enero, cuando una horda de seguidores del presidente norteamericano Donald Trump irrumpió en el Capitolio con una facilidad asombrosa, las expectativas ya bajas que el mundo tenía depositadas en Estados Unidos se derrumbaron. Aun así, cuando se trata de la economía global, hay medidas inmediatas que el presidente electo Joe Biden puede tomar para impulsar las perspectivas del mundo –y, en especial, de las economías en desarrollo.
Sin duda, los límites del liderazgo global de Estados Unidos son significativos. Después de la presidencia de Trump, hasta los aliados más estrechos de Estados Unidos albergan ciertas dudas sobre su confiabilidad y valores, y sobre la efectividad de su gobierno. La respuesta fallida de la administración Trump ante el COVID-19, incluida una distribución inepta de la vacuna, reforzó la percepción de descalabro nacional. La insurrección del Capitolio –que Trump incitó, con el objetivo de alterar la certificación del Congreso de la victoria electoral de Biden- la llevó a casa.
Inclusive en el frente económico, Estados Unidos no está ni cerca de ser tan dominante como lo era hace diez años, mucho menos hace una generación. Si a eso le sumamos una mayoría demócrata muy delgada en el Senado de Estados Unidos, la capacidad de la administración Biden de implementar políticas económicas que repercutan positivamente a nivel mundial parecerían limitadas.
Pero no es así. Biden no necesita del apoyo parlamentario para implementar medidas que tendrían beneficios de amplio alcance para los norteamericanos y para el resto del mundo.
La primera es abandonar todas las objeciones a una propuesta de la Organización Mundial de Comercio de dispensar temporariamente ciertas obligaciones de propiedad intelectual en respuesta al COVID-19. La propuesta –presentada por India y Sudáfrica, y copatrocinada por otros países en desarrollo- apunta a eliminar barreras para un acceso oportuno a productos médicos asequibles relacionados con la “prevención, contención o tratamiento” del COVID-19.
Esto está en línea con las reglas de la OMC: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS) permite la licencia obligatoria. Asimismo, la OMC estipula las emergencias de salud pública como una causa adecuada dentro del acuerdo TRIPS para emitir licencias obligatorias que permitirían que más empresas produjeran drogas esenciales. Es difícil imaginar una situación más apropiada para aplicar esta cláusula.
Un precio más bajo de las vacunas y de los medicamentos contra el COVID-19 beneficiaría a todos, inclusive a las economías avanzadas, cuyos presupuestos públicos están bajo una tensión considerable. Sin embargo, Estados Unidos ha liderado a las economías avanzadas en la iniciativa de bloquear la propuesta. Esto beneficia solamente a un grupo: las compañías farmacéuticas multinacionales.
No se trata de garantizar que estas empresas recuperen sus costos. Las vacunas contra el COVID-19 han sido desarrolladas sobre la base de investigación pública y estuvieron financias casi por completo por presupuestos públicos. Inclusive con la suspensión
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