"Pero alinear al sector energético de América Latina con los objetivos del acuerdo climático de París será difícil sin el apoyo de Estados Unidos".
WASHINGTON, DC– Las relaciones entre Estados Unidos y gran parte de América Latina se están recuperando después de tocar fondo durante el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump. Pero si bien el gobierno del presidente Joe Biden se centra en la crisis migratoria centroamericana, no debe perder la oportunidad de impulsar la acción climática que urgentemente se necesita para ayudar a que la región se reconstruya tras la pandemia.
Dada la magnitud del colapso económico de América Latina en el año 2020 (la contracción del 7,4% de su PIB fue la peor en comparación con aquellas en otras regiones), la mayoría de sus líderes nacionales no se centraron mucho en el cambio climático. Argentina, México y Perú aún no han destinado ni un solo dólar del gasto en recuperación hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la contaminación del aire, según el Proyecto de Recuperación Económica de la Universidad de Oxford. En cambio, grandes sumas han ido a parar a las industrias de combustibles fósiles de la región.
Hoy en día, a medida que América Latina avanza hacia la recuperación, es vital que los gobiernos de la región alineen sus estrategias de reconstrucción con sus compromisos en virtud del acuerdo climático de París de 2015. Estados Unidos podría ayudar a que esto suceda.
Para limitar el calentamiento global de este siglo a menos de 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, los países latinoamericanos, junto con el resto del mundo, deben reducir a la mitad las emisiones de GEI hasta el año 2030 y lograr emisiones netas cero hasta el 2050. Si bien se trata de una tarea muy exigente, tenemos a disposición la mayor parte de la tecnología necesaria para ello. Las amplias fuentes de energía renovables de la región, junto con la electrificación del transporte, podrían reemplazar en gran medida la dependencia de los combustibles fósiles, que dan cuenta de la mayor parte de las emisiones de GEI durante el año 2018 en América Latina. Tal transición reduciría la contaminación del aire y atraería las inversiones necesarias para ayudar a revertir el aumento del desempleo y la pobreza del año pasado.
El sector de las energías renovables en América Latina ya está creciendo rápidamente, y acelerar la transición verde impulsaría la recuperación económica. Los economistas afirman que, hasta el año 2030, la región podría atraer 432 mil millones de dólares en inversiones destinadas a las energías renovables (excluyendo de dicha cifra las inversiones destinadas a la energía hidroeléctrica) y, en esa forma, la región podría ahorrar miles de millones en importaciones de petróleo y gas, así como también en gastos de atención médica relacionados con el aire sucio.
Pero alinear al sector energético de América Latina con los objetivos del acuerdo climático de París será difícil sin el apoyo de Estados Unidos. Las empresas energéticas privadas y estatales comprometidas con la producción de petróleo y gas siguen siendo influyentes, como lo deja claro la gran proporción del gasto en estímulos que se les asigna en Argentina, Colombia y México. Por el contrario, los ajustados presupuestos nacionales incluyen poco dinero para autobuses eléctricos o estaciones de carga eléctrica para fomentar la adopción generalizada de vehículos eléctricos.
Al hacer énfasis en las energías renovables en América Latina, Estados Unidos podría modificar radicalmente la postura energética de la región. Y los líderes regionales reconocen que la cooperación en materia de cambio climático es una buena manera de fortalecer los lazos con la administración de Biden. Los presidentes Alberto Fernández de Argentina e Iván Duque de Colombia, así como la ministra chilena de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, ya han sostenido conversaciones con el enviado especial para el clima de Biden, John Kerry.
A diferencia de Estados Unidos, el cambio climático no es un tema partidista en América Latina, donde las encuestas muestran que el 90% de los ciudadanos lo consideran como una amenaza grave. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019, COP25, se llevó a cabo bajo los auspicios del gobierno chileno, y varios países de la región cumplieron con el plazo fijado en diciembre de 2020 para actualizar sus compromisos de reducción de emisiones en el marco del acuerdo de París.
La Cumbre de Líderes sobre el Clima convocada por Biden que se celebrará del 22 al 23 de abril será una oportunidad para destacar las políticas climáticas de Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, y Jamaica. Al mismo tiempo, Biden puede instar a los mayores emisores de GEI de la región, Brasil, México y Argentina, a que hagan más a favor de alinear sus planes de recuperación con los objetivos de París y evitar nuevos rescates de los combustibles fósiles.
Biden también podría utilizar dicha Cumbre para articular la forma cómo Estados Unidos eliminará gradualmente tanto los subsidios a los combustibles fósiles a nivel nacional, como también el financiamiento estadounidense de la producción de combustibles fósiles en el extranjero. Como una forma de reconocer los costos sociales y económicos de esta transición, podría ofrecer una serie de incentivos para invertir en energías renovables, incluyendo un aumento significativo en el financiamiento de las energías renovables por parte del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC). Estas inversiones complementarían préstamos similares del Banco Interamericano de Desarrollo.
Al impulsar las energías renovables en América Latina, Estados Unidos podría ampliar su participación en uno de los sectores más dinámicos del mundo. La DFC ocupa actualmente el quinto lugar en materia de financiamiento de energías renovables en América Latina, detrás del Banco Santander de España y el banco alemán de desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). La empresa italiana Enel, la británica Actis y la brasileña Omega son las principales operadoras de energía solar y eólica de la región, y la empresa AES con sede en Estados Unidos se encuentra en séptimo lugar. China es el principal proveedor de tecnología solar en la región, y los dos mayores proveedores de turbinas eólicas son europeos, situándose muy por delante de General Electric, que ocupa el tercer lugar.
El gobierno de Biden ha tomado conciencia de esta oportunidad. En órdenes ejecutivas, Biden ha identificado la lucha contra el cambio climático como un componente esencial de la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos, y prometió colaboración internacional para impulsar al capital hacia las energías limpias y para alejarlo de los combustibles fósiles, especialmente en los países en desarrollo.
En cuanto a América Latina, no hay tiempo que perder. Hasta ahora, la política regional de Biden ha estado comprensiblemente dominada por el caos en la frontera de Estados Unidos con México, una crisis que se origina en El Salvador, Guatemala y Honduras. Estados Unidos ahora debe ampliar su abordaje hacia esta región de importancia crítica y debe capitalizar la buena voluntad que Biden forjó allí a lo largo de su carrera. Alentadoramente, dos altos funcionarios del gobierno estadounidense visitaron recientemente Sudamérica, y los asuntos relacionados con el clima y el medio ambiente, según se informa, estuvieron entre los temas clave debatidos durante dichas visitas.
Sin el apoyo de aliados líderes como Estados Unidos, América Latina tendrá dificultades para avanzar en una transición hacia las energías limpias, especialmente si se centra en apuntalar a sus industrias de petróleo y gas en un intento por recuperarse de la pandemia. De manera alternativa, los incentivos y el compromiso diplomático de Estados Unidos podrían acelerar una transformación verde que ofrece enormes oportunidades sociales y económicas tanto a América Latina como a Estados Unidos.
Columna escrita por: Guy Edwards y Benjamin N. Gedan.
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