El FMI debe garantizar que toda su supervisión y asesoramiento relacionados con el cambio climático promuevan una misión central: ayudar a los países miembros a movilizar los billones de dólares necesarios para financiar la transición verde de una manera que sea fiscalmente sólida, políticamente viable y compatible con la estabilidad financiera.
Con el acuerdo en la COP28 para “la transición de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos”, los países han logrado avances genuinos en la lucha contra el cambio climático. Pero aún queda mucho por hacer para movilizar el nivel de financiación necesario para convertir el compromiso en realidad. Las organizaciones internacionales –especialmente el Fondo Monetario Internacional– deben dar un paso al frente. Aunque el FMI tardó relativamente poco en avanzar en la carrera para combatir el cambio climático, ha logrado grandes avances bajo la dirección de su directora gerente, Kristalina Georgieva. Pero debe llevar su liderazgo climático mucho más lejos.
El Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Financiamiento Climático estima que, de aquí a 2030, las economías de mercados emergentes y en desarrollo necesitarán movilizar 2,4 billones de dólares al año para luchar contra el cambio climático, de los cuales 1 billón de dólares procederán de fuentes externas. Esto puede parecer alto, pero no es nada comparado con los costos de la inacción.
Los fuertes huracanes y las inundaciones en el Caribe, las sequías en el África subsahariana y Argentina y los incendios forestales en muchas economías avanzadas ya están alimentando la inestabilidad y causando graves daños económicos, incluidas crisis de balanza de pagos en algunos países. A medida que los desastres relacionados con el clima se multipliquen e intensifiquen, los costos de desarrollar resiliencia y avanzar hacia un camino de desarrollo bajo en carbono no harán más que aumentar, mientras que la capacidad de los países para cubrir esos costos disminuirá.
Para evitar este resultado, el FMI –la única institución multilateral encargada de promover la estabilidad del sistema financiero y monetario internacional, con el objetivo de facilitar el desarrollo a largo plazo– tiene un papel fundamental que desempeñar. Después de todo, la movilización de recursos fiscales y la estabilidad financiera son elementos centrales del mandato del FMI.
Como gran parte del sistema financiero, el FMI tardó en comprender que el cambio climático podía ser tan “macrocrítico” como, por ejemplo, los shocks de las tasas de interés de las economías avanzadas, las guerras o las crisis financieras. Pero esto ahora está cambiando. En 2021, el FMI llevó a cabo una “revisión integral de la supervisión”, que llevó al Directorio Ejecutivo a ordenar que el cambio climático se colocara en el centro de las operaciones de supervisión y asesoramiento del Fondo. Pronto siguió una estrategia climática integral. Y el año pasado, el FMI creó el Fondo para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RST) para ayudar a los países de bajos ingresos y a los vulnerables de ingresos medios a resistir las crisis climáticas.
Estas acciones colocan al FMI a la vanguardia de la lucha climática. Para solidificar esta posición, el Fondo ahora está agregando personal, mejorando su modelización de cuestiones relacionadas con el clima, actualizando su asesoramiento a los países y brindando más financiamiento para los vulnerables al clima. Pero, según una evaluación preliminar del Grupo de Trabajo independiente sobre Clima, Desarrollo y el FMI, el Fondo debe hacer mucho más.
Si bien elogia los recientes avances del FMI, el Grupo de Trabajo insta a la institución a diversificar su asesoramiento sobre políticas más allá de los impuestos al carbono. Si bien es indudable que poner precio a las actividades intensivas en carbono es importante –tanto para aumentar los ingresos del gobierno como para motivar a los actores económicos a reducir sus emisiones–, no es una panacea. También merecen consideración otras políticas complementarias, como las normas sobre emisiones, la eliminación gradual de combustibles fósiles y la política industrial verde.
Otra deficiencia más del enfoque actual del FMI es que su asesoramiento sobre mitigación climática cubre sólo a las 20 principales economías emisoras de carbono, y sólo de forma voluntaria. Esto es miope, sobre todo porque los principales emisores de hoy podrían no ser los de mañana.
En términos más generales, el FMI debe garantizar que toda su supervisión y asesoramiento relacionados con el cambio climático promuevan una misión central: ayudar a los países miembros a movilizar los billones de dólares necesarios para financiar la transición verde de una manera que sea fiscalmente sólida, políticamente viable y compatible con la estabilidad financiera. Fundamentalmente, esto incluye ayudar a los países a prepararse para las crisis climáticas y recuperarse de ellas, e identificar y desarrollar sustitutos viables para la actividad económica y los ingresos fiscales que actualmente proporcionan los combustibles fósiles.
El RST es una incorporación bienvenida al conjunto de herramientas del FMI, pero es necesario ampliarlo. Lo mismo ocurre con el Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (CCRT), que cubre los pagos del servicio de la deuda de los países más pobres y vulnerables cuando se ven afectados por desastres naturales catastróficos o crisis de salud pública.
Tal como están las cosas, los países vulnerables al clima en conjunto deben aproximadamente 40 mil millones de dólares al FMI, pero la mayoría de ellos actualmente no son elegibles para el CCRT, que solo tiene 100 millones de dólares para desembolsar. Se debe dar al CCRT los medios para entregar más financiamiento a más países. De manera similar, más países necesitan “cláusulas de pausa” en sus acuerdos de préstamo con el FMI –como el Banco Mundial acaba de prometer implementar– para no tener que realizar pagos del servicio de la deuda mientras luchan contra las crisis climáticas.
Otra prioridad clave para el FMI debe ser alinear sus principales programas de préstamo con el acuerdo climático de París de 2015 y garantizar que las condiciones de sus préstamos tengan en cuenta adecuadamente los costos fiscales de perseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en los países endeudados. Una investigación del FMI ha descubierto que los paquetes de “estímulo verde” darían un importante impulso al crecimiento. Del mismo modo, un estudio de la Brookings Institution ha demostrado que si los países implementaran paquetes de estímulo en tiempos de dificultades económicas, lograrían un mayor crecimiento y una mejor solvencia, al tiempo que movilizarían el financiamiento que necesitan para combatir el cambio climático.
El último informe de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tiene razón: cuando se trata de medidas climáticas ambiciosas, es “ahora o nunca”. El FMI debería prestar atención a esa advertencia y aumentar su ambición de movilizar el financiamiento que el mundo necesita para enfrentar la crisis climática. No hay segundas oportunidades.