Es necesaria una inversión adicional de los gobiernos de los países desarrollados para ayudar a los países en desarrollo a limitar los perjuicios de los eventos climáticos extremos más frecuentes y graves, la elevación del nivel del mar, la desertificación y otros problemas creados por el clima.
Pasada ya la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) en Egipto, aún quedan muchas preguntas sin responder sobre cómo financiar la reducción de las emisiones y la adaptación. Sin un aumento significativo de la inversión en los países en desarrollo, el mundo no podrá evitar que el cambio climático alcance niveles peligrosos. Si esos países quedan atrapados en la dependencia de los combustibles fósiles y las tecnologías sucias, se convertirán en la fuente de emisiones con mayor crecimiento en las próximas décadas.
Afortunadamente, esas inversiones no solo reducirían las emisiones y aumentarían la resiliencia, también pueden impulsar una nueva forma de crecimiento y desarrollo mucho más atractiva que las opciones sucias y destructivas del pasado. Ayudar a esos países a acelerar la transición de sus economías a situaciones sostenibles, inclusivas y resilientes beneficiaría entonces a los países desarrollados.
La presidencia egipcia de la COP27 y la presidencia británica de la COP26 nos encomendaron un análisis independiente del financiamiento que los países en desarrollo (excepto China) necesitarán para 2030 para cumplir las metas esbozadas en el acuerdo climático de París. En nuestro informe, publicado durante la primera semana de la COP27, concluimos que la inversión anual en acción climática en esos países debe aumentar inmediatamente, de cerca de USD 500 mil millones en 2019 a USD 1 billón para 2025, y a USD 2,4 billones para 2030. Ese inversión no solo permitirá cumplir con el acuerdo de París, impulsará además esta nueva forma de crecimiento y permitirá lograr avances para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Identificamos tres prioridades para la inversión. En primer lugar, hay que destinar financiamiento a acelerar la transformación energética, especialmente la implementación de energías renovables, algo fundamental para que el cumplimiento de las metas del acuerdo de París siga siendo viable.
En segundo lugar hay que aumentar la inversión en resiliencia para proteger las vidas y los medios de sustento —especialmente de las comunidades más pobres del mundo— contra los efectos cada vez más devastadores del cambio climático. También hacen falta mecanismos eficaces con el financiamiento adecuado para atender a las pérdidas y daños (definidos como aquellos costos que no se pueden evitar a través de la mitigación o la adaptación). En tercer lugar, y con urgencia, hay que aumentar la biodiversidad y conservar los ecosistemas de los que todos dependemos. La inversión en la naturaleza es una contribución fundamental tanto para crear resiliencia como para reducir las emisiones.
Aproximadamente la mitad del financiamiento de esas inversiones se puede obtener a partir de fuentes públicas y privadas locales en los países en desarrollo, y aproximadamente un billón de USD, de fuentes externas. Aunque las fuentes públicas de financiamiento —tanto internas como externas— serán fundamentales, la parte más grande podría provenir del sector privado, que invertirá para aprovechar la atractiva rentabilidad del creciente mercado de bienes y servicios con emisiones nulas y resilientes al cambio climático, siempre que se puedan reducir y gestionar los riesgos.
Una asociación más sólida entre los sectores público y privado puede desbloquear nuevas oportunidades de inversión, gestionar los riesgos, reducir el costo del capital y movilizar el financiamiento necesario a una escala mucho mayor. Pero ese financiamiento debe provenir de las fuentes adecuadas, como fundaciones filantrópicas, los derechos especiales de giro (el activo de reserva) del Fondo Monetario Internacional y la venta de créditos de carbono.
Además, habría que aumentar los subsidios y créditos con bajas tasas de interés de los gobiernos de los países desarrollados, de USD 30 mil millones en 2019 a USD 60 mil millones en 2025. Ese financiamiento solo representará una pequeña parte de los montos totales necesarios y se debe destinar cuidadosamente a prioridades que no atraerán inversiones significativas del sector privado. Para poner esto en perspectiva, USD 60 mil millones solo representan el 0,1 % del producto económico estimado de los países desarrollados para 2030, o cerca del 0,7 % de los USD 9 billones que los países ricos destinaron a lidiar con la COVID-19 en los últimos dos años.
Finalmente, el Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo tienen un papel crítico en el cumplimiento de las metas de París. Tendrán que triplicar sus inversiones anuales en acción climática para llegar a USD 180 mil millones en 2025 (hoy son de unos USD 60 mil millones), para alcanzar la escala necesaria de cofinanciamiento con el sector privado, junto con el apoyo de la infraestructura pública.
La decisión que se tomó en la COP27 para crear nuevos arreglos de pérdidas y daños reconoce que hace falta una inversión adicional de los gobiernos de los países desarrollados para ayudar a los países en desarrollo a limitar los perjuicios de los eventos climáticos extremos más frecuentes y graves, la elevación del nivel del mar, la desertificación y otros problemas creados por el clima. Todos los países ya sufren pérdidas y daños por el cambio climático, pero las consecuencias sociales y económicas pueden ser mucho más devastadoras para los países en desarrollo, que no solo enfrentan costos de reparación y reconstrucción, sino también reducciones graves del producto económico, el empleo y el nivel de vida.
Los daños y pérdidas también aumentan el riesgo de que la gente en zonas vulnerables y muy expuestas de los países en desarrollo se vea obligada a migrar, lo que haría peligrar aún más la estabilidad social y política. Si los países pobres pueden aumentar su resiliencia frente a los impactos climáticos y recuperarse más rápidamente de ellos, podrán invertir más en el desarrollo con bajas emisiones de carbono, y reducir el riesgo para la seguridad y la estabilidad regional y mundial. Una vez más, aunque los países en desarrollo sostienen desde hace mucho —y justificadamente— que los países ricos debieran proporcionarles financiamiento adicional en compensación por las pérdidas y daños relacionados con las emisiones del pasado, eso también beneficiará a los países ricos.
La década de 2020 es clave en la lucha contra el cambio climático. Sería extremadamente peligroso que continúen las demoras, pero todos los países tendrán que avanzar en la transición hacia la neutralidad en emisiones de carbono. Los ricos no solo deben redoblar los esfuerzos para reducir sus propias emisiones, también deben generar el financiamiento necesario para ayudar a otros y proteger a los países más pobres del mundo de un problema que no crearon.
