En todo el mundo, la alta inflación, la falta de crecimiento económico y la escasez de alimentos están perjudicando sobre todo a los pobres. Las múltiples crisis actuales, que se suman a los efectos desiguales de la pandemia de COVID‑19, ya han provocado drásticos retrocesos en materia de desarrollo y un importante aumento de la pobreza mundial.
Por el lado positivo, la crisis de la COVID‑19 alentó grandes cambios, sobre todo en industrias con un componente digital importante. Esta revolución digital fue catalizador de aumentos en la accesibilidad y el uso de servicios financieros en las economías en desarrollo, y transformó las formas de pago, financiación y ahorro.
Los cambios se ven a las claras en la última edición de la base de datos Global Findex, creada a partir de una encuesta a más de 125 000 adultos en 123 economías, con datos sobre uso de servicios financieros hasta 2021 incluido. Según la encuesta, el 71% de los adultos en las economías en desarrollo ahora tiene una cuenta financiera formal (en bancos, instituciones reguladas como cooperativas de ahorro o entidades de microcrédito o a través de proveedores de servicios de dinero móvil); cuando hace una década se publicó la primera edición de la base de datos, la cifra era 42%. Además, la diferencia entre los porcentajes de varones y mujeres que poseen una cuenta en las economías en desarrollo se redujo, por primera vez, de nueve puntos porcentuales a seis.
Esta transformación digital permite a las personas recibir salarios, enviar remesas y pagar bienes y servicios en forma más fácil, segura y económica. Las cuentas de dinero móvil manejan mejor las transacciones de pequeña denominación en grandes volúmenes; esto aumenta la accesibilidad de los servicios financieros y la capacidad de ahorro de los usuarios para enfrentar una crisis. Además, la posesión de una cuenta individual da a las mujeres más privacidad, seguridad y control de su dinero.
La proporción de adultos en las economías en desarrollo que hace o recibe pagos digitales creció de 35% en 2014 a 57% en 2021. En África subsahariana, el 39% de los titulares de cuentas de dinero móvil ahora las usan para ahorrar. Y más de un tercio de las personas en países de ingresos bajos y medios que pagaron facturas de servicios públicos desde una cuenta lo hicieron por primera vez después del inicio de la pandemia de COVID‑19.
Un aspecto importante de la revolución digital es que también es una poderosa herramienta contra la corrupción, ya que ayuda a aumentar la transparencia en el flujo de dinero desde el presupuesto estatal, a través de agencias públicas, hasta llegar a la ciudadanía. Los programas sociales del Estado ahora pueden reducir demoras y pérdidas, al canalizar las transferencias directamente a los teléfonos móviles de los beneficiarios. Durante la pandemia, millones de personas en los países en desarrollo recibieron pagos por este canal, que ayudaron a amortiguar el impacto de la COVID‑19 sobre sus economías.
Es crucial aprovechar estas tendencias alentadoras, sobre todo en vista de las dificultades económicas actuales. Ampliar el acceso de la gente a las finanzas, reducir el costo de las transacciones digitales y canalizar el pago de salarios y transferencias sociales a través de cuentas financieras será esencial para mitigar retrocesos en el desarrollo derivados de las turbulencias actuales.
Los gobiernos y el sector privado pueden colaborar con esta transformación en varias áreas críticas. En primer lugar, deben crear un entorno operativo y de políticas favorable. Por ejemplo, establecer la interoperabilidad de sistemas, para que sea posible hacer pagos entre diferentes tipos de institución financiera y entre distintos proveedores de servicios de dinero móvil. Mejorar el acceso a las finanzas depende mucho más del sistema de telefonía móvil que del sistema bancario físico. La disponibilidad de teléfonos móviles baratos y funcionales y de acceso asequible a Internet es un requisito para la ampliación de las finanzas digitales. También se necesitan mecanismos de protección de los consumidores y regulaciones estables para fomentar prácticas seguras y justas que apuntalen la confianza en el sistema financiero.
Otro elemento esencial es crear sistemas de identificación digital, porque la falta de identidad verificable es una de las principales razones que mantienen a algunos adultos excluidos de los servicios financieros. Sabemos por la experiencia de países como la India y Filipinas que los programas estatales de identificación pueden ir de la mano con los de inclusión financiera, para proveer documentos de identidad oficiales y al mismo tiempo cuentas financieras a poblaciones marginadas. La India, por ejemplo, introdujo un exitoso sistema de identificación biométrica universal, con la debida atención a la seguridad y a la privacidad.
Otra alta prioridad debe ser promover la digitalización de los pagos. Los datos del Global Findex para 2021 muestran que 865 millones de titulares de cuentas en las economías en desarrollo abrieron la primera cuenta en un banco o en una institución similar para recibir dinero del Estado. Esto ayudó a las familias en forma directa, y también colaboró con el desarrollo del ecosistema financiero digital, ya que muchas personas que recibieron transferencias en una cuenta luego la usaron para realizar pagos y acceder a otros servicios. De tal modo, las transferencias digitales del Estado sirven como base para la creación de registros sociales creíbles y la identificación de lagunas y superposiciones.
Conforme los pagos digitales estén más difundidos y sean menos costosos, muchas empresas privadas podrán pagar a sus empleados y proveedores en forma electrónica (y deberían hacerlo). La revolución digital ofrece una oportunidad para aumentar el empleo en el sector formal sin que el cumplimiento normativo se vuelva demasiado complicado. En momentos de mayor restricción presupuestaria de los gobiernos, el pago digital puede ayudar a ampliar la base tributaria al reducir la elusión y la evasión fiscal.
Finalmente, las autoridades tendrán que esforzarse más en incluir a sectores marginados. La brecha de género en el acceso a servicios financieros hoy es menor, pero todavía existe. Es más común que las mujeres, lo mismo que los pobres, carezcan de identificación personal o teléfono móvil, vivan lejos de sucursales bancarias y necesiten ayuda para abrir y usar una cuenta financiera. También se necesitan programas de educación financiera, sobre todo los basados en el aprendizaje colaborativo (por ejemplo, en grupos femeninos de autoayuda).
El Banco Mundial tiene un firme compromiso con ampliar la inclusión financiera por medio de la digitalización. Seguiremos ayudando a los países a mejorar sus redes de telefonía móvil, modificar regulaciones para fomentar el acceso a las finanzas, adoptar plataformas de gobierno electrónico y modernizar los sistemas de protección social. Para los muchos millones de personas que todavía no tienen una cuenta, tenemos que redoblar esfuerzos y hallar formas creativas de conectarlas al sistema financiero, generar resiliencia económica y cosechar los beneficios de la inclusión.
