"Para la construcción de la Europa digital, el diálogo entre las instituciones públicas, la sociedad civil y el sector privado será de vital importancia".
MADRID– La seguridad en Europa se ha vuelto a situar en el centro de la agenda geopolítica mundial. A pesar de los continuos esfuerzos diplomáticos por destensar la crisis en Ucrania, la escalada de tensión y desconfianza entre Rusia y la Alianza Atlántica no tienen precedentes desde la Guerra Fría, obligándonos a replantear el orden de seguridad paneuropeo que construimos en base a sus tres pilares fundamentales: Estados Unidos, Rusia y Europa.
Para abordar el reto de la seguridad europea, los líderes políticos y expertos en relaciones internacionales a ambos lados del Atlántico se reunirán este fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el foro de referencia para el intercambio y el debate sobre la seguridad internacional. Sin duda, la situación en Ucrania predominará en las discusiones, pero también se abordará la innovación tecnológica y digital y su impacto para la seguridad.
La tensión que estamos viviendo con motivo del estatus geopolítico de Ucrania responde a una forma convencional, predominantemente geográfica, de concebir la seguridad. Los términos que se han usado con mayor frecuencia ilustran de forma clara esta concepción: esferas de influencia, ampliación de la OTAN, integridad territorial, o espacio de seguridad postsoviético, entre otros. Este vocabulario es indispensable para entender el actual conflicto entre la OTAN y Rusia, pero dados los enormes cambios geopolíticos que han suscitado la globalización y el desarrollo tecnológico en los últimos veinticinco años, se verá cada vez más eclipsada por estos mismos cambios.
La interdependencia que define nuestro mundo geopolítico y los avances tecnológicos han transformado la naturaleza del conflicto global. Como argumenta el European Council on Foreign Relations en su colección de ensayos titulada ‘Connectivity Wars’, la hiperconectividad de nuestro sistema global permite que un actor pueda causar graves daños sin recurrir a la guerra en otros ámbitos, como internet, del cual han pasado a depender nuestras economías para su crecimiento.
En Ucrania, la dimensión cibernética del conflicto no puede ser subestimada. El daño global estimado del ciberataque a Ucrania de 2017 fue de 10 mil millones de dólares, el más destructivo de la historia. El virus llamado NotPetya infectó al 10% de todos los sistemas informáticos de la exrepública soviética antes de propagarse por todo el mundo.
El reciente ciberataque a Ucrania demuestra la vulnerabilidad de cualquier Estado en nuestra era digital. El pasado mes de enero, un grupo de cibercriminales dejó fuera de servicio durante horas a varias páginas gubernamentales, además de publicar mensajes que amenazaban a los ciudadanos ucranianos y la privacidad de sus datos personales.
La posibilidad de un ‘Pearl Harbour’ cibernético, como advirtió el secretario de Defensa de EE. UU Leon Panetta durante el primer mandato de Barack Obama, parece remota. Sin embargo, no podemos excluirla. En cualquier caso, los ciberataques y sus consecuencias se están volviendo peligrosamente frecuentes en nuestra vida cotidiana. Desgraciadamente, todavía no gozamos de instituciones ni infraestructuras lo suficientemente fuertes para hacer frente a estas amenazas.
En su obra The Future of Power,Joseph S. Nye Jr., profesor en la Universidad de Harvard y referente académico de las relaciones internacionales, argumenta que una de las principales tendencias de nuestro siglo es la pérdida de influencia geopolítica de los Estados. El ciberespacio es un claro ejemplo de esta tendencia. Los países del G7 poseen unas capacidades inigualables para controlar el mar, el aire y el espacio, pero no podemos decir que gocen de un predominio comparable en el ciberespacio.
Además, la propia naturaleza del ciberespacio abarata los costes de las acciones ofensivas. Como ejemplo, comparen los ínfimos costes que supone contratar a un cibercriminal con las ingentes cantidades de dinero que son necesarias para fabricar un avión de combate F-35, cuyo precio unitario se acerca a los ochenta millones de dólares, sin contar los costes de mantenimiento, munición y personal que vienen asociados a este tipo de gasto militar.
Este fin de semana, la Conferencia de Seguridad de Múnich incluirá el aspecto cibernético de la seguridad en sus discusiones, en el marco de la agenda transatlántica digital, que dio un paso importante el año pasado con la creación del Consejo de Comercio y Tecnología entre EE. UU. y la Unión Europea. La pregunta fundamental es cómo regulamos lo digital de forma que podamos beneficiarnos de sus enormes posibilidades económicas, a la vez que nos protegemos de sus potenciales riesgos para nuestras democracias.
La Unión Europea se ha tomado en serio la regulación del ciberespacio, que se ha planteado en base a dos principios básicos: la competencia en el mercado interno y la privacidad del usuario. En virtud de su poder como potencia regulatoria, la normativa europea sobre protección de datos y de competencia son aceptadas incluso por países terceros, a través del conocido ‘Efecto Bruselas’, que incentiva a las grandes multinacionales a integrar la normativa que sale de la capital europea para operar en el mercado europeo, mientras continúan con su actividad económica en otros países con estándares regulatorios menos estrictos.
Por otra parte, la Europa digital debe incluir un tercer pilar, que es fundamental: la seguridad. Como argumentaWolfgang Ischinger, presidente de la Conferencia, el principio de seguridad debe implementarse ‘por diseño’ y ‘por defecto’ en cuanto respecta a los productos tecnológicos, pero también en la creación de políticas públicas. En la construcción de la Europa digital, la salvaguarda de la competencia del mercado interno debe ser complementaria a consideraciones tan importantes como la seguridad o el estatus geopolítico de la Unión Europea. La política digital debe salvaguardar nuestros derechos fundamentales como ciudadanos, nuestro crecimiento económico, además de protegernos contra quien quiera, y pueda, hacernos daño.
La seguridad digital no es un capricho del legislador europeo. De acuerdo con una reciente encuesta de la Conferencia de Seguridad de Múnich, la seguridad es una cuestión prioritaria para los ciudadanos europeos cuando hablamos de agenda digital, con un 38 porciento de los europeos encuestados que se expresaron en este sentido. En Bruselas, el ciudadano y la empresa son, y deben ser, el punto de partida de la legislación europea en materia digital. Como nos ha recordado la Comisaria Europea de Competencia Margrethe Vestager, el mundo digital debe reflejar los derechos que hemos conquistado en el mundo físico. Tanto la Ley de Mercados Digitales como la Ley de Servicios Digitales tienen como objetivo garantizar que nuestro entorno digital se rige por los principios de competencia del mercado interno europeo, así como el de garantizar la privacidad de los usuarios y sus datos personales.
Para la construcción de la Europa digital, el diálogo entre las instituciones públicas, la sociedad civil y el sector privado será de vital importancia. Mas allá del diálogo, una Europa digital necesita de voluntad política, que es, en última instancia, el verdadero motor de la integración europea.
Estos debates deben tener en cuenta la naturaleza cambiante de los conflictos en el mundo actual. Como ha demostrado la crisis de Ucrania, la seguridad en el siglo XXI tiene muchas dimensiones.
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