Aunque la curva de contagio del virus en la región se esté aplanando, las curvas de pobreza y quiebra de empresas siguen en alza.
BOGOTÁ/ BUENOS AIRES/ LONDRES – Muchas regiones tuvieron un mal desempeño frente a la COVID‑19, pero el de América Latina fue peor al de la mayoría, en cuanto a pérdidas humanas y económicas. En noviembre de 2020, nueve de los veinte países con más muertes per cápita por COVID‑19 eran latinoamericanos. El Fondo Monetario Internacional prevé que la producción regional se reduzca un 8,1% en 2020, una caída regional sólo superada por la eurozona. El resultado es que casi 15 millones de personas más vivirán en la extrema pobreza en América Latina.
La primera explicación del mal desempeño de la región que viene a la mente es un liderazgo deficiente. La primera reacción del presidente brasileño Jair Bolsonaro fue afirmar que la pandemia era una mentira de los medios. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se pasó semanas negando el peligro del coronavirus y siguió abrazando y dando la mano a sus simpatizantes, hasta que de pronto invirtió el rumbo e impuso una cuarentena estricta. Pero incluso en países que respondieron pronto, las medidas de contención no lograron reducir la cantidad de casos de COVID‑19. Los resultados sanitarios han sido igualmente pobres en Argentina y Perú, que aplicaron medidas de confinamiento estricto, y en Chile y Colombia, que siguieron una estrategia más flexible.
Una de las razones fue que América Latina tuvo un mal punto de partida, por la gran cantidad de personas afectadas por problemas de salud previos y la prevalencia de situaciones de cohabitación multigeneracional que facilitaron los contagios entre las personas más vulnerables. La gran informalidad del mercado laboral dificultó el cumplimiento de las cuarentenas. Tampoco ayudaron la alta proporción de puestos de trabajo presenciales (incluida la venta minorista) y la escasez de oportunidades de trabajo remoto (resultante de la mala conectividad y del poco alfabetismo digital). La ineficacia de los gobiernos dejó a los sistemas sanitarios mal preparados, a pesar de la aplicación temprana de cuarentenas que postergó el pico de contagios.
Nada de esto excusa el hecho de que muchos gobiernos respondieron mal y tarde, pero ayuda a explicar por qué estrategias diferentes arrojaron resultados similares. El desempeño de Uruguay, único caso exitoso en la región, tal vez sea prueba de lo que podría haber logrado toda América Latina con una combinación de acceso universal a la salud, mayor formalidad del mercado laboral y más protección social, una capacidad estatal relativamente fuerte y liderazgo sensato.
El shock económico
La COVID‑19 generó un importante daño económico en América Latina, en particular porque la región padeció cinco golpes simultáneos. Además de la crisis sanitaria inicial, las economías se vieron frente a una caída de precio de los commodities, una inmensa reducción del volumen de exportaciones, pérdida de ingresos por turismo y remesas, y un nivel inédito de salida de capitales al principio de la crisis. El resultado fue que muchas empresas, grandes y pequeñas, se quedaron sin efectivo y tuvieron que cerrar.
Después de eso, la veloz recuperación económica de China ha vuelto a impulsar los precios de los commodities, y las remesas también se recuperaron. Pero el panorama en lo referido a los flujos de capitales sigue siendo ambiguo: si bien América Latina consiguió evitar un pánico prolongado, las salidas de capitales privados suelen anular el efecto de los ingresos derivados de la emisión de títulos públicos en el extranjero. Es probable que México haya tenido superávit de cuenta corriente en 2020, mientras que el balance conjunto de Sudamérica está cerca del equilibrio, lo que indica que la restricción financiera externa se mantiene.
El resultado de cuenta corriente también es señal de que el gasto fiscal anticíclico de los gobiernos latinoamericanos fue insuficiente para compensar la caída del consumo y la inversión privados. Mientras en las economías avanzadas los gobiernos desplegaron una amplia variedad de medidas fiscales discrecionales equivalentes al 20% del PIB, el Fondo Monetario Internacional calcula que la cifra correspondiente en América Latina fue 7%. Sólo cuatro países (Perú, Brasil, Chile y Bolivia) tuvieron paquetes por un 10% o más del PIB; y esta cifra no es sólo gasto público adicional, sino que incluye préstamos y moratorias impositivas. Algunos países, entre ellos México, podían gastar más pero decidieron no hacerlo; y muchos otros no tuvieron margen fiscal o no pudieron financiarse en los mercados de capitales a tasas razonables.
El panorama laboral en América Latina también es desalentador. Pese a la continuidad de medidas de apoyo estatal a trabajadores suspendidos, que mitigan la destrucción de puestos de trabajo asalariados, ha habido una pérdida de empleo del orden del 10 al 25% (en Lima, un caso extremo, la caída fue superior al 50% en junio de 2020). Hasta septiembre, la población empleada de la región se había reducido en más de 25,3 millones de personas desde el inicio de la pandemia (cifras que afectan sobre todo a mujeres y jóvenes). La pérdida de empleo se concentró en las personas de menos de 24 años de edad, con números que van del 5% en México al 44,4% en Chile.
Además, no habrá una «vuelta a la normalidad» después de la pandemia. Es probable que la digitalización deprima la demanda de ocupaciones de mucho contacto personal y aliente a las empresas a automatizar y optimizar las operaciones en detrimento del empleo.
Fragilidad estructural
En términos generales, el mal desempeño de América Latina durante la pandemia ha puesto de manifiesto una extendida falta de capacidad estatal, que supera con creces la evidente debilidad de los sistemas sanitarios de la región. Algunos gobiernos no tenían la información necesaria para identificar a las familias pobres y proveerles ayuda financiera; otros la tenían, pero no pudieron hacer transferencias de fondos electrónicas y se vieron obligados a extenderles un cheque; es posible que las posteriores filas y aglomeraciones de gente fuera de los bancos hayan contribuido a la difusión del virus. Y mucho después de la reapertura de escuelas en Europa y Asia, en gran parte de América Latina las clases seguían suspendidas por la persistencia de dificultades logísticas. Esto suma una pérdida de conocimiento permanente a la destrucción de empleos en marcha, sobre todo entre las familias de bajos ingresos.
Otra debilidad estructural es la dualidad del mercado laboral latinoamericano, que descarga la mayor parte de los shocks de ingreso sobre los trabajadores menos remunerados. Cerca de la mitad de los trabajadores de la región son asalariados informales o autoempleados sin título universitario; en Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Perú, la informalidad alcanza a más de dos tercios de la fuerza laboral. Al no poder acceder a subsidios salariales y esquemas de apoyo a trabajadores suspendidos, muchas de estas personas dependieron durante la cuarentena de transferencias públicas de efectivo que sólo compensaron una parte de los ingresos perdidos.
En cambio, muchos países latinoamericanos ofrecen una generosa protección laboral a los asalariados de más ingresos. Colombia introdujo un subsidio equivalente al 40% del salario mínimo para todos los empleos formales en empresas afectadas por la reducción de ingresos. El gobierno de Argentina fue más allá, ya que duplicó la indemnización a trabajadores despedidos, y terminó directamente prohibiendo el despido. Pero estas protecciones sólo alcanzan a una minoría de empleados formales, mientras que la mayoría de los trabajadores informales e independientes siguen desprotegidos. Las consecuencias fueron penosamente evidentes en la primera mitad de 2020, cuando los ingresos de las personas en la cima de la pirámide se redujeron mucho menos que los de la base.
¿Más problemas?
La crisis de la COVID‑19 es una oportunidad para que los gobiernos latinoamericanos fortalezcan el Estado, reformen mercados laborales disfuncionales y aceleren la búsqueda de un nuevo contrato social. Esto implica reconsiderar la protección social (incluida la adopción de una cobertura de salud universal), reducir los obstáculos contra el empleo formal y mejorar la estabilidad de ingresos de los trabajadores independientes. Pero los cambios necesarios chocan contra dificultades políticas. La reestructuración de organismos estatales y la reforma del mercado laboral generan la oposición inmediata de poderosos intereses creados; por eso los gobiernos, de derecha o de izquierda, hasta ahora han seguido la ruta de menos resistencia.
Varios países latinoamericanos tienen previsto celebrar elecciones en 2021, de modo que la pregunta crucial es si el clima político regional mejorará o empeorará después de la pandemia. Una crisis puede unir a la ciudadanía, pero la pandemia también sembró abundantes divisiones: entre los profesionales que pueden trabajar desde casa y los obreros que no; entre los ancianos vulnerables y los jóvenes que deben acatar las restricciones oficiales; y entre los trabajadores formales que reciben subsidios salariales y los autoempleados que perdieron todos sus ingresos.
Aunque la curva de contagio del virus en América Latina se esté aplanando, las curvas de pobreza y quiebra de empresas siguen en alza. Si después del shock sanitario viene una crisis económica prolongada que deja a muchas personas fuera del sistema, la confianza en gobiernos e instituciones se verá afectada, y se agudizarán todavía más las fracturas políticas. La COVID‑19 todavía puede convertirse en una pandemia de inestabilidad y desesperanza.
Columna redactada por: Mauricio Cárdenas, Eduardo Levy y Andrés Velasco.
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