“Los últimos cuatro años han estado marcados por la falta de éxito de la clase política a la hora de encontrar un punto medio para aprobar e implementar reformas significativas que permitan reconstruir los colchones fiscales y externos, así como desbloquear un mayor crecimiento económico y mejorar los estándares sociales”, señaló la agencia.
El fracaso en la discusión tributaria y la falta de acuerdos en la arena legislativa comienzan a pasar factura a la imagen de la economía chilena a ojos de las clasificadoras de riesgo.
Este jueves la Agencia Global Standard and Poor’s (S&P) mantuvo la clasificación crediticia de Chile en A/A1, aunque con un cambio en la perspectiva a largo plazo, que pasó de estable a negativo.
A través de un comunicado, la agencia reconoció como razones para no variar la clasificación de Chile su sólida institucionalidad -por sobre sus pares en la región-, el compromiso que ha mostrado la actual administración con la consolidación fiscal, la flexibilidad de la política monetaria y el funcionamiento de un Banco Central independiente con capacidad de implementar medidas para hacer retroceder los niveles de inflación.
El lado negativo de las perspectivas de largo plazo de S&P, en tanto, vinieron de la mano de los riesgos que supone no lograr consensos políticos en áreas claves para el crecimiento del país.
“Las dificultades para empujar las propuestas legislativas se pueden traducir en el tiempo en un desempeño económico y perspectivas más débiles, así como en una mejora más lenta de las condiciones sociales. Además, un crecimiento estructural más débil continuará presionando el perfil fiscal y externo de Chile”.
En el marco de la discusión de una nueva propuesta constitucional, el comunicado agrega que el texto actualmente en discusión se percibe como más derechista que la Carta Magna vigente y no presenta un apoyo de los partidos que lideran el Consejo Constitucional, de acuerdo a la visión de la clasificadora, lo que conllevaría a un riesgo de ser rechazada.
Si bien desde S&P agregan que una constitución no determina el éxito de un modelo económico o social, resalta que “los últimos cuatro años han estado marcados por la falta de éxito de la clase política a la hora de encontrar un punto medio para aprobar e implementar reformas significativas que permitan reconstruir los colchones fiscales y externos, así como desbloquear un mayor crecimiento económico y mejorar los estándares sociales”.
