Es más urgente que nunca que los gobiernos reformen sus estados de bienestar, incluso dirigiendo los beneficios más específicamente a los necesitados e introduciendo incentivos laborales más fuertes. El mejor enfoque es permitir una desaceleración gradual del gasto para evitar los cambios forzados y económicamente perturbadores.
En todo el mundo, las economías avanzadas enfrentan mayores desafíos fiscales, debido al simple hecho de que la mayoría tienen estados de bienestar inflados y financieramente insostenibles. Como dijo Mario Draghi hace más de una década, cuando se desempeñaba como presidente del Banco Central Europeo: “El modelo social europeo ya desapareció”. De la misma manera, Estados Unidos corre el riesgo de caer en la misma trampa si no controla el gasto y controla la deuda pública.
Las matemáticas son sencillas. Consideremos el caso de las prestaciones sociales de tipo asistencial que se financian con impuestos sobre la nómina. La tasa promedio del impuesto sobre la nómina necesaria para cubrir dicho gasto (ahora o más adelante con intereses, si se financia con deuda pública) es igual a la tasa de dependencia multiplicada por la tasa de reemplazo, es decir, la proporción entre los beneficiarios de los beneficios y los trabajadores contribuyentes multiplicada por la proporción de los beneficios medios a los salarios medios gravados.
Esta ecuación ni siquiera incluye los impuestos necesarios para pagar otros programas financiados por el gobierno, desde defensa y vigilancia hasta carreteras y escuelas. Sí, se pueden utilizar otros tipos de impuestos para cubrir estos costos y se pueden realizar varios cambios en las fórmulas de beneficios y programas de impuestos. Sin embargo, en última instancia, si hay muchas personas que reciben beneficios considerables, (eventualmente) tendrá tasas impositivas muy altas. Como reflexionó Hamlet de Shakespeare, "sí, ahí está el problema".
No nos equivoquemos: las altas tasas impositivas no son deseables, independientemente de los beneficios sociales que sustentan. Pueden ser extraordinariamente perjudiciales, porque reducen los incentivos y, por tanto, dañan la economía, matando de hambre a la proverbial gallina de los huevos de oro. Según algunas estimaciones, las tasas impositivas de Europa ya están cerca del peak de la curva de Laffer, donde aumentos adicionales de impuestos ya no aumentan los ingresos e incluso pueden causar que caigan.
Además, algunos economistas creen que los impuestos más altos son la razón por la que el PIB per cápita real (ajustado a la inflación) de las economías europeas es menor que el de Estados Unidos. Incluso si esto es una exageración de la causalidad, es casi seguro que los impuestos son un factor importante. La mayoría de los países europeos recaudan ingresos equivalentes a más del 40% de su PIB, mientras que la proporción en Estados Unidos es de aproximadamente una cuarta parte (Canadá y el Reino Unido están en el medio, alrededor de un tercio).
Por ejemplo, el PIB real per cápita de Estados Unidos después de impuestos (en términos de paridad de poder adquisitivo) es significativamente mayor que el de Suecia y Dinamarca, dos países que los progresistas estadounidenses desean emular con entusiasmo. Por supuesto, los suecos y los daneses obtienen más servicios públicos, gastan menos en defensa (aunque ahora están comprometidos a aumentar sus magros presupuestos de defensa) y trabajan menos. Pero incluso después de tener en cuenta esos ajustes, los estadounidenses, en promedio, son considerablemente más ricos.
Dado que las poblaciones envejecen rápidamente en las economías avanzadas, la presión fiscal concomitante sobre los beneficios de salud y de pensiones públicas (como Medicare y la Seguridad Social en Estados Unidos) no hará más que aumentar. En los próximos doce años, se prevé que la proporción entre personas de 25 a 64 años y personas de 65 años o más caiga en picada en Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, de aproximadamente 3:1 a 2:1. Esto sigue la tendencia ya observada en Alemania, Francia e Italia, donde se proyecta que la proporción será muy inferior a 2:1 para 2035. En estas economías, el grupo demográfico de más rápido crecimiento comprende a las personas de 85 años o más. Si bien deberíamos dar la bienvenida a una vida útil más larga, también debemos reconocer los costos asociados para los presupuestos públicos.
Peor aún, con la excepción de los países del norte de Europa, las economías avanzadas han acumulado deudas públicas mucho mayores durante la última década y media. Durante un tiempo, esta presión fiscal adicional estuvo enmascarada por tasas de interés extremadamente bajas; pero ahora, los costos de los intereses se están disparando en todas partes (aunque son algo más manejables en términos ajustados a la inflación). A medida que los bancos centrales sigan deshaciéndose de sus enormes tenencias de deuda pública (equivalentes a alrededor del 20% del PIB en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos), competirán con los esfuerzos de los gobiernos por financiar nuevos y grandes déficits y refinanciar la deuda que vence.
Si bien parte del gasto financiado con deuda en respuesta a la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19 estaba justificado, la posterior falta de consolidación de los presupuestos fue extremadamente irresponsable y dejó a muchas economías muy vulnerables a otro shock. Ahora es más urgente que nunca que los gobiernos reformen sus estados de bienestar, incluso dirigiendo los beneficios más específicamente a los necesitados e introduciendo incentivos laborales más fuertes. El mejor enfoque es permitir una desaceleración gradual del gasto para evitar los cambios forzados y económicamente perturbadores que Draghi y otros (incluyéndome a mí) hemos predicho desde hace mucho tiempo.
Cuando las economías avanzadas crecían rápidamente, dejar mayores cargas de deuda a las generaciones futuras probablemente no era un problema, porque se suponía que nuestros hijos y nietos serían mucho más ricos y, por lo tanto, capaces de pagar impuestos más altos. Pero como el crecimiento de la productividad se ha desacelerado hace mucho tiempo, la desigualdad intergeneracional que hemos creado es indefendible.
Vistas desde esta perspectiva, las políticas favorecidas por la izquierda política son una receta para empeorar una situación mala. Si queremos apoyar un crecimiento económico más fuerte y la equidad intergeneracional, deberíamos rechazar las propuestas de tasas impositivas más altas para las empresas y los ingresos del capital personal, ya que reducirán los incentivos para ahorrar e invertir.
De cara al futuro, el renovado riesgo de guerra, terrorismo y otras amenazas a la seguridad significa que el gasto en defensa tendrá que aumentar sustancialmente. Los economistas han estado de acuerdo durante mucho tiempo en que las inversiones en el ejército pueden financiarse justificadamente con deuda, tanto por motivos de eficiencia como de equidad intergeneracional. Pero para respaldar estos desembolsos necesarios, debemos tomar en serio las crecientes presiones fiscales actuales. Cuanto antes se implementen políticas para abordarlos, mejor. Lamentablemente, pocos líderes políticos han estado dispuestos a enfrentar la realidad y proponer soluciones. Aquellos que sí lo han hecho, merecen el apoyo de los votantes.
