El G20 debe iniciar un proceso virtual para comenzar a trabajar en pos de una respuesta común y coordinada, antes de la cumbre de noviembre. Enfrentamos una confluencia nunca antes vista de crisis que pueden poner en serio peligro nuestro futuro. Una vez más, el mundo necesita que el G20 intervenga y actúe con determinación.
En las últimas reuniones de líderes del G7, miembros de la OTAN y ministros de asuntos exteriores del G20, a todos les quedó en claro que el mundo enfrenta una confluencia de emergencias como no se ha visto en décadas. Las tensiones internacionales han trepado a alturas alarmantes, impulsadas por una creciente inseguridad alimentaria y energética, depreciación de monedas, crisis de deuda en ciernes, la pandemia de COVID‑19, los efectos cada vez más intensos del cambio climático y una serie de conflictos armados.
El G20 (presidido este año por Indonesia), que antes era un foro para el abordaje de problemas financieros y económicos, está entrando en un terreno peligrosamente delicado. La cumbre de líderes del grupo a mediados de noviembre tendrá una importancia crucial; pero no podemos esperar hasta entonces para dar respuesta al entrecruzamiento de crisis actuales. El G20 debe iniciar un proceso virtual (en línea) para comenzar a trabajar en pos de una respuesta común y coordinada, antes de la cumbre de noviembre.
Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), hoy sufren hambre crónica más de 800 millones de personas, y hasta 323 millones enfrentan la perspectiva de morir de hambre. Los precios de la energía se han disparado, y la COVID‑19 sigue haciendo estragos en las poblaciones insuficientemente vacunadas del mundo (en los países de bajos ingresos, sólo ha recibido todas las dosis el 16,5% de las personas). Además, un 60% de los países de bajos ingresos tienen problemas de deuda, y comunidades de todo el mundo experimentan sequías, inundaciones, incendios forestales y otros síntomas de la ruptura del orden climático.
En abril, el secretario general de la ONU António Guterres advirtió de que la confluencia actual de crisis «puede arrojar a hasta 1700 millones de personas (más de un quinto de la humanidad) a la pobreza, la indigencia y el hambre, en una escala que no se vio en décadas». Pero aunque la situación es peligrosa, tenemos medios para cambiarla. Ya se han lanzado algunas iniciativas multilaterales para dar respuesta a la inseguridad energética, alimentaria y de deuda. Sin embargo, para ser eficaces, tales esfuerzos deben ser coordinados e integrales. Nuestros problemas están demasiado interconectados para una respuesta fragmentaria.
La prioridad inmediata es garantizar precios justos y un suministro seguro en los mercados de alimentos y energía. Se necesitan al menos 10 000 millones de dólares para cubrir el faltante de financiación del PMA para este año. Por el momento, las instituciones internacionales y muchos gobiernos han respondido a la crisis alimentaria con iniciativas como la Alianza Mundial para la Seguridad Alimentaria, lanzada en mayo con el objetivo de coordinar la financiación humanitaria y la inversión en la resiliencia de los sistemas alimentarios. Y más de ochenta países han avalado la Hoja de Ruta/Llamado a la Acción para la Seguridad Alimentaria Mundial, con el patrocinio de Estados Unidos; a esto se suman importantes cumbres regionales que han tenido lugar, como el Diálogo Ministerial del Mediterráneo sobre la Crisis de Seguridad Alimentaria y la Conferencia Ministerial «Unidos por la Seguridad Alimentaria Mundial».
Pero aunque es bien sabido que para limitar la inseguridad alimentaria es esencial un comercio sin trabas, más de veinte países han impuesto restricciones a la exportación de alimentos (a través de licencias de exportación, impuestos o la prohibición lisa y llana). Es verdad que hace poco los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio acordaron que las compras humanitarias del PMA estén exentas de dichas restricciones, pero eso no es suficiente. Tenemos que aprovechar todo lo que sabemos sobre el funcionamiento del mercado mundial de alimentos a corto y largo plazo y en términos de suministros y reservas.
Para ello, los países con grandes reservas de stocks de granos deben liberarlas en los mercados internacionales para suavizar futuros aumentos de precios; y los gobiernos deben fortalecer el Sistema de Información de Mercados Agrícolas (AMIS) para mejorar la transparencia y el seguimiento de los mercados (incluidos los de futuros) y prevenir la especulación. Debemos lograr que más países puedan volverse autosuficientes por medio de la diversificación de importaciones agrícolas y una producción local más resiliente (allí donde sea posible).
En la cuestión de la energía, el primer ministro italiano Mario Draghi, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y otras figuras han analizado la creación de un cartel para la compra de petróleo a través del cual negociar mejores precios; y hay muchas iniciativas nuevas para acelerar el despliegue de las energías renovables, mejorar la eficiencia energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Pero tenemos que incrementar el ritmo, en preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que tendrá lugar en noviembre en Egipto.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales de ayuda al desarrollo pueden y deben hacer más para mitigar las crisis alimentaria, energética y de deuda de la actualidad. Hoy sólo un cuarto del billón de dólares que forma el balance del FMI se destina a la provisión de asistencia financiera y alivio del servicio de deuda a países en dificultades. En tanto, el Banco Mundial puede aumentar el otorgamiento de préstamos, negociando para ello con sus estados miembros un reaprovisionamiento de capital y aprovechando su calificación crediticia AAA para atraer al capital privado con la extensión de garantías crediticias.
Para dar respuesta a la crisis de deuda en ciernes, necesitamos una fuerte iniciativa multilateral preventiva de reestructuración y alivio para los países en desarrollo con deudas insostenibles. La proporción de países de bajos ingresos que experimentan crisis de deuda o corren alto riesgo de experimentarla ha crecido al doble desde 2015: de 30% a 60%. Para colmo de males, se están rebajando las calificaciones crediticias de muchos países de ingresos medios, lo que les aumentará el costo de servicio de la deuda, sobre todo ahora que la Reserva Federal de los Estados Unidos y otros grandes bancos centrales están ajustando sus políticas monetarias.
Las nuevas iniciativas para la mitigación de crisis de deuda tendrán que ser mucho más amplias que otros esfuerzos similares recientes. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) que se lanzó al principio de la pandemia ya caducó, tras proveer sólo 13 000 millones de dólares de alivio temporal a 48 países de bajos ingresos. Además, sólo incluyó a los acreedores bilaterales oficiales, no a los acreedores privados que poseen la mayor parte de la deuda de los países en desarrollo.
Tras el lanzamiento de la DSSI, se creó el Marco Común para el Tratamiento de Deudas, con el objetivo de hacer frente a problemas de insolvencia soberana e iliquidez prolongada en países incluidos en los criterios de acceso a la DSSI. Se esperaba que el marco proveyera a los deudores un grado de alivio y reestructuración de deudas compatible con sus necesidades de gasto esencial y capacidades de pago; pero un año y medio después de su lanzamiento, sólo tres países se han inscrito (Chad, Etiopía y Zambia), y ninguno completó una reestructuración de deuda exitosa.
Como la participación en el Marco Común hoy está reservada a los 73 países más pobres, tal vez haya que revisar y ampliar los criterios de admisión, e incorporar al proceso a todos los acreedores (sin omitir a China y al sector privado). Una mayor transparencia de los préstamos es esencial para una renegociación eficaz de las deudas soberanas. Conseguir la participación de China puede resultar difícil, pero la del sector privado se puede exigir por la vía regulatoria, en particular en el Reino Unido y Estados Unidos, donde ya hay un precedente en tal sentido.
Finalmente, el FMI debe suspender de inmediato las sobretasas que aplica a los préstamos a países muy endeudados. La cantidad de países que incurren en esos costos ya creció de nueve a dieciséis desde el inicio de la pandemia, y el FMI prevé que el total puede llegar a 38 en 2025.
Enfrentamos una confluencia nunca antes vista de crisis que pueden poner en serio peligro nuestro futuro. Una vez más, el mundo necesita que el G20 intervenga y actúe con determinación.
